La compra de medicamentos en el entorno hospitalario constituye una actividad fundamental con repercusiones directas en la seguridad del paciente y en la eficiencia de los sistemas de salud, así como en el impacto ambiental que genera el uso y la provisión de fármacos. Se estima que los medicamentos pueden suponer entre el 20 y el 25% de la huella de carbono del sector sanitario, con un peso especialmente significativo en 2 grupos de productos: los gases anestésicos, que representan cerca de un 2% de dicha huella, y los inhaladores, en torno al 3%1,2. Además, el conjunto de las actividades del sector salud se estima responsable del 4,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, cifra que en España alcanza el 4,5%3. A su vez, la huella de carbono no es el único impacto ambiental que generan los medicamentos. Los residuos de fármacos, sobre todo aquellos que llegan al agua, también pueden tener efectos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente4.

El cambio climático nos plantea la urgencia de adoptar medidas que promuevan la sostenibilidad en las compras realizadas por los hospitales y, de modo más general, por todos los actores del sistema sanitario. En este sentido, el concepto de compra sostenible, también denominado compra ecológicamente preferible (Environmentally Preferable Purchasing, EPP por sus siglas en inglés), reviste particular importancia. La compra sostenible abarca criterios económicos, sociales y ambientales, y se entiende como una forma de adquisición en la que las organizaciones buscan satisfacer sus necesidades de bienes y servicios minimizando el impacto nocivo sobre la salud y el ecosistema, al tiempo que obtienen la mejor relación calidad-precio desde una perspectiva de ciclo de vida5. Este enfoque en el ciclo de vida implica tener en cuenta los costos y efectos ambientales que se originan no solo durante la fabricación o el uso de un producto, sino también en su transporte, distribución y disposición final.

En el ámbito hospitalario, donde muchas veces no es posible sustituir determinados productos o medicamentos por otros con menor huella de carbono, la adopción de prácticas de compra sostenible adquiere todavía más relevancia para reducir al máximo el impacto ambiental y los riesgos asociados a los residuos farmacéuticos. Aunque en estos momentos puede parecer un debate nuevo o impulsado por iniciativas como el European Green Deal6, en el que la Comisión Europea presentó el plan para reducir las emisiones en un 55% para 2030, como primer paso hacia la neutralidad de carbono fijada para 2050, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya en 2004 señaló la conveniencia de impulsar compras públicas sostenibles7. En este contexto, la compra pública verde (Green Public Procurement) se presenta como un instrumento para, a través de la decisión de compra, fomentar la aparición de productos y servicios cada vez más sostenibles. El primer paso suele consistir en reducir el consumo de productos, seguida de la maximización de los sistemas de reutilización y el fomento de la eficiencia en la gestión de los recursos.

Luego de reducir el consumo y maximizar los sistemas de reutilización, las instituciones pueden optar por adquirir productos y servicios que integran factores ambientales (efectos positivos sobre el ambiente y la salud), sociales (trabajo justo, derechos humanos, empleo local) y económicos (mayor vida útil, costo total, costo de gestión de residuos, calidad, innovación)8. El proceso de compra sostenible examina de qué están hechos los productos, de dónde provienen, quién los fabricó, quién se ve afectado por su producción, cómo se gestionarán sus residuos y si es necesario siquiera fabricar o utilizar un producto. Esta estrategia no solo debe contemplar la adquisición de bienes, sino también la logística y la distribución, la prescripción y el consumo, así como la disposición final de los productos y su posible efecto contaminante en el agua o en el aire.

Dada la complejidad de este proceso, la estrategia de compra sostenible tiene que estar alineada con las políticas de selección de medicamentos y de financiación propias de cada institución, así como con un enfoque de prescripción que incorpore la variable ambiental en la toma de decisiones. La creciente relevancia de la contratación pública sostenible no se limita a un debate teórico, también se sitúa en el marco del objetivo 12 de los Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que promueve el consumo y la producción responsables5. Este objetivo persigue, entre otras acciones, la disminución de recursos naturales y tóxicos, la optimización de residuos y la disminución de contaminantes a lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio. La Agenda 2030 anima a los gobiernos y a las organizaciones a utilizar su poder de compra para generar cambios en el mercado que mejoren la sostenibilidad.

La Estrategia Farmacéutica para Europa, aprobada en 2020, propone el desarrollo de fármacos que sean eficaces, seguros, competitivos y también más respetuosos con el medio ambiente, dadas las evidencias que demuestran el impacto de los fármacos en el cambio climático y la vida silvestre9. Si bien los esfuerzos en materia de reducción del impacto ambiental se han dirigido hasta ahora a la industria farmacéutica, los farmacéuticos de hospital, el resto de los profesionales y gestores sanitarios se visualizan, a través de la estrategia de compra, como actores decisivos para movilizar al mercado10.

Desde la perspectiva de la gestión sanitaria, la introducción de criterios de sostenibilidad en la compra de medicamentos constituye un pilar básico de las estrategias integrales de reducción de la huella ecológica del hospital5,11. Para que tales esfuerzos sean efectivos, es esencial la participación de comités multidisciplinares, donde los farmacéuticos hospitalarios, gracias a su conocimiento en adquisición y uso racional de medicamentos, colaboren con otros profesionales sanitarios y especialistas en los procesos de contratación implicados12. A esto se suma la importancia de contar con un marco legislativo que facilite la integración de consideraciones sociales y ambientales en los procesos de contratación. En el caso de España, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incorpora el criterio de la oferta económicamente más ventajosa (Most economically advantageous tender, MEAT en inglés) que permite tener en cuenta criterios que reflejen aspectos cualitativos, técnicos y sostenibles de la oferta, además del precio, al tomar la decisión de adjudicación.

España, junto a otros países europeos, está trabajando en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la compra de medicamentos. Sin embargo, la descentralización de los procesos de compra y la diversidad de normativas y prioridades entre países u organizaciones pueden dificultar la adopción de los mismos criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos. Los criterios medioambientales están empezando a utilizarse, pero aún no se ha demostrado su impacto. La experiencia indica que las consultas preliminares o diálogo con los proveedores antes de introducir criterios medioambientales hace que estos puedan cumplirlos sin que ello repercuta negativamente en los precios o en el número de competidores que presentan ofertas13. Actualmente, en el Consorci de Salut i Social de Catalunya ya incorporamos en todos los expedientes de contratación de medicamentos al menos un criterio de sostenibilidad ambiental. Aunque esto queda lejos de países como Noruega, que han regulado que al menos el 30% de la ponderación de los criterios de adjudicación sean medioambientales14, las distintas iniciativas europeas responden a una convicción de la responsabilidad del sistema sanitario en el compromiso de minimización del impacto ambiental.

Cabe señalar la necesidad de alinear los criterios de sostenibilidad entre distintos compradores, indispensable para poder incrementar el impacto e incentivar a los fabricantes de medicamentos en esta dirección5, avanzar en un modelo de certificaciones que permitan facilitar y agilizar el proceso de evaluación de estos criterios y en última instancia evaluar el impacto que su incorporación haya tenido en la huella de carbono o en el impacto ambiental que tiene el sistema sanitario.

Proyectos como el Proyecto 2023 + SOStenible han contribuido a integrar la perspectiva ambiental, la economía circular y la responsabilidad social dentro de la gestión farmacéutica hospitalaria para reducir la huella ecológica sin perjudicar la calidad asistencial15. Ello requiere diseñar políticas que favorezcan la prescripción responsable, la optimización de dosis y el uso de productos con menor impacto, como, por ejemplo, inhaladores más ecológicos o sistemas de anestesia que reduzcan la liberación de gases a la atmósfera. La compra sostenible representa una herramienta más, que pretende influir en la cadena de valor del medicamento, con un componente de responsabilidad ambiental11.